Amnistía Internacional observa con mucho interés el acuerdo para la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de países independientes (1989) de la OIT que el Senado aprobó el 4 de marzo, pero advierte con preocupación sobre la sugerencia hecha al Ejecutivo de incluir una "declaración interpretativa".

Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo no permiten la formulación de reservas, por lo que al votar la aprobación y recomendar una "declaración interpretativa" se pone a Chile en riesgo de incumplir sus obligaciones internacionales de protección de los Derechos Humanos.

La inclusión de una "declaración interpretativa" –de las varias que han sido recomendadas desde 1990- podría afectar la integridad del Convenio y limitar sus alcances e implementación.

El Ejecutivo no debe incluir una "declaración interpretativa" pues la misma podría invisibilizar los intereses los Pueblos Originarios, directamente beneficiarios de la implementación del Convenio 169 y dejaría de lado las recomendaciones diversas que tanto el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Amnistía Internacional y otras organizaciones han realizado a lo largo de muchos años.

"Tomando en cuenta que Chile es el único país latinoamericano que no ha ratificado éste instrumento internacional, avanzar con una decisión largamente pospuesta –sin inclusiones espurias- sería una señal efectiva del compromiso del Estado hacia los Pueblos Originarios de Chile", dijo Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional - Chile.

Amnistía Internacional considera de vital importancia que Chile ratifique el Convenio 169 en su integridad, sin "declaraciones interpretativas" de ninguna índole y que se tomen medidas inmediatas para su aplicación en áreas tan importantes como: administración pública, legislación, justicia, educación, seguridad social, salud, trabajo, tierras, medio ambiente, entre otras. Estas medidas permitirían desarrollar, con la participación de los Pueblos Originarios, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos fundamentales y a garantizar el respeto a su identidad y culturas.

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