La inmensa mayoría del país que vive en la precariedad desconfía, por cierto, de las cifras e indicadores que se prodigan desde el estado, las organizaciones patronales y los medios de comunicación que sirven al modelo económico y la democracia acotada. Si con todo lo que se ha descubierto en materia de corrupción seguimos ostentando tan buenos índices de probidad, ¿no cabría dudar también de los indicadores socio económicos?
Por: Juan Pablo Cárdenas
En esta democracia de las encuestas, por fin parece una que nos da sólidos indicios del estado de ánimo de los chilenos, su decepción de la política y su convicción de que las instituciones no funcionan en nuestro país. El sondeo de la Universidad alemana de Humbold con la Academia de Humanismo Cristiano nos advierte que más de un 90 por ciento de la población considera que vivimos en el reino de las inequidades y que sólo un 48 por ciento confía en que las elecciones y nuestro sistema institucional puedan resolver los problemas que afligen a la población. Desiguales oportunidades de educación, diferencias abismales en el ingreso y un enorme contraste entre la holgada forma de vivir de unos pocos en relación a los padecimientos de amplia mayoría explicarían el grado de descontento social y el vertiginoso aumento de la criminalidad.
El sostenido crecimiento, el amplio superávit y el magnifico precio internacional del cobre en nada corrigen hasta aquí las desigualdades, mientras que el Ministro de Hacienda y los más grandes y poderosos empresarios coinciden en la inconveniencia de reajustar los sueldos y salarios y aumentar más generosamente el gasto social. Tal parece que ciertos políticos y grandes beneficiarios del modelo económico vigente concluyen en que la competitividad internacional de nuestras exportaciones radica justamente en la posibilidad de un salario de mínima subsistencia, un estado restringido al gasto mínimo y una democracia acotada y maniatada, pobremente representativa y completamente reacia a que el pueblo se organice y ejerza soberanía.
En el mundo se aplauden nuestra cifras macro económicas y estabilidad política, pero poco se sabe del costo social que paga nuestra población en todo el tiempo corrido desde que la actual estrategia económica fuera definida por la dictadura pinochetista y consagrada por los gobiernos que le siguieron. Son sólo los observadores más aguzados los que, desde el exterior, perciben que detrás de la bonanza y las libertades proclamadas existe una sórdida realidad social, un régimen político hipócrita e instituciones en las que el pueblo desconfía completamente. Tal es el caso de los tribunales de justicia en que, según esta misma encuesta, el país percibe favorece escandalosamente a los ricos. O de los agentes policiales que alivianan o endurecen su acción represiva según el barrio en que actúan, en un país de drástica segregación urbana.
La realidad social nos parece que contrasta enormemente con los balances que se prodigan desde el Instituto Nacional de Estadísticas y otras instituciones. Sabemos que en esto de las cifras oficiales y las propias encuestas hay un amplio margen para la manipulación e interpretación. Un peso más o de menos en el ingreso familiar puede radicar que miles o millones sean estratificados de distinta manera. De esta forma, también, la posibilidad de trabajar apenas algunos días del mes excluye a decenas de miles de chilenos de ser considerados cesantes. Asimismo como se asume que el ingreso per capita poco representa en una sociedad en que las remuneraciones sufren diferencias de más de 50 veces.
La inmensa mayoría del país que vive en la precariedad desconfía, por cierto, de las cifras e indicadores que se prodigan desde el estado, las organizaciones patronales y los medios de comunicación que sirven al modelo económico y la democracia acotada. Si con todo lo que se ha descubierto en materia de corrupción seguimos ostentando tan buenos índices de probidad, ¿no cabría dudar también de los indicadores socio económicos? Si con tanto descaro los propios recursos públicos destinados a los cesantes y a los deportistas son desviados para financiar campañas electorales, ¿se puede confiar en la honestidad de tantos informes que nos hablan de un país en creciente prosperidad? ¿No existirán también operadores políticos que acomoden o falseen cifras con afán electoralista?
Publicado por: Radio U. de Chile/25/01/2007