El Gobierno se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista en casos donde estén involucrados los pueblos originarios.

El acuerdo fue alcanzado luego de una reunión entre el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, la abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos, Alejandra Arriaza y el lonko José Carileo, quien exigió al Ejecutivo la liberación de tres comuneros mapuches y una activista pro-indígena condenados a 10 años de cárcel.

El Gobierno no accedió a la petición, pero si se comprometió a trasladar a los reos hasta un centro de estudios y trabajo.

Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao, Florencio Marileo y Patricia Troncoso, alias "la Chepa", fueron condenados en 2005 a diez años de prisión aplicándoles normas de la legislación antiterrorista por el incendio de unas 100 hectáreas de pinos pertenecientes a la empresa Forestal Mininco.

En los últimos días se multiplicaron las manifestaciones en favor de los mapuches, que desde el 13 de marzo se mantienen en huelga de hambre y ya han perdido en promedio 17 kilos, por lo que se encuentran con riesgo vital.

El lonko Carileo indicó que los detenidos decidirán ahora si siguen o no con la huelga de hambre.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, dijo el viernes estar preocupado por el "debilitado estado de salud de varios presos mapuche en huelga de hambre".
La oficina de Stanvenhagen informó en Ginebra de que el relator transmitió la preocupación en una carta dirigida el pasado 21 abril a la presidenta chilena Michelle Bachelet.

Los cuatro presos están recluidos en la cárcel de Angol, a 608 kilómetros al sur de Santiago, después de ser condenados a diez años de prisión por su responsabilidad en incendios de bosques de pinos pertenecientes a una empresa forestal.

Los encarcelados exigen la revisión de su situación judicial y que se revoque el fallo por el que se les aplicó la legislación antiterrorista, y fueron condenados también al pago de una indemnización de 423 millones de pesos (821 mil dólares) a la empresa Forestal Mininco, propietaria de los bosques quemados.

Desde hace años en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre empresas forestales y comunidades de indígenas que reclaman la restitución de tierras que consideran ancestrales.

El Experto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU llamó al gobierno chileno "a desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación planteada por los presos".

En la carta a Michelle Bachelet, Stanvenhagen valora las conversaciones realizadas entre las autoridades y los presos mapuches con el fin de atender las demandas de los reclusos.

Fuente: Radio U. de Chile