escrito por Redacción
jueves, 29 de septiembre de 2005


Santiago.- El Ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, señaló que ante la situación por la que atraviesa el empresario Andrónico Luksic -que enfrenta un juicio en Perú por la empresa de pastas Lucchetti y una orden de captura internacional- "de ser necesario se realizarán gestiones diplomáticas, que por su naturaleza son de carácter reservado".

Ayer jueves, la justicia peruana declaró reos y emitió una orden de captura internacional a los empresarios chilenos Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, quienes desistieron de concurrir a la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima en la base naval de El Callao.

La autoridad judicial había citado a los ejecutivos de la empresa Lucchetti por un juicio por presunta instigación al tráfico de influencias derivado de la construcción de una planta en 1998. En la oportunidad, los ejecutivos habrían obtenido el permiso de instalación de la planta a través de Vladimiro Montesinos, una acción de evidente corrupción –que, por cierto, grabó a los ejecutivos chilenos en la transacción- es un episodio que puede desestabilizar las argumentaciones nacionales.


Por su parte, Puccio recordó que "Perú es un país amigo y soberano, donde las instituciones funcionan y ellas tienen que dar curso a las actividades regulares de los procesos que están siendo incoados en los tribunales de ese país". En ese sentido, puntualizó que ahora se debe esperar que las cosas sucedan y que haya resoluciones por parte de las autoridades peruanas y luego, "si es que corresponde, se realizará algún tipo de gestión diplomática o consular de parte del país".





Consultado respecto a si la actividad comercial con Perú podría verse afectada por esta situación, el Secretario de Estado expresó que espera que eso no suceda, y "que todo tenga un curso normal".





La rapidez con que el problema de Luksic ha penetrado a las esferas de gobierno no da lugar a dudas. Se trata del principal conglomerado chileno en las áreas financiera e industrial, cuya capacidad de presión hacia el Ejecutivo ha sido amplificada a través de la prensa ligada al sector privado. En editoriales se ha elevado el problema casi como un asunto de Estado. La tesis de una discriminación hacia las inversiones chilenas, segregación que estaría motivada por aspectos políticos no confesados, sería, para estos sectores del empresariado nacional el motivo de la sanción. Por tanto, al tratarse de un asunto político que involucra las relaciones bilaterales, el gobierno chileno –dicen en el sector privado- debiera intervenir.



No es la primera vez que el gobierno tiende la mano a este conglomerado financiero e industrial. Ya en diciembre del 2002 el mismo Presidente Lagos señalaba que “en un mundo globalizado las controversias han de resolverse a través de los organismos pertinentes”, en tanto el entonces ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, declaraba que aun cuando se trate del problema de una empresa, "por cierto que al estar involucrados también dos países a través de un convenio bilateral, nos afecta como país".

Fuente: Diario El Clarin.cl